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Marchan policías comunitarios de la CRAC-PC, en Chilpancingo, para exigir respeto a sus usos y costumbres.

 

Integrantes y autoridades de la policía comunitaria de la Crac-PC marcharon en Chilpancingo para exigir al Congreso del estado la restitución del Artículo 14 constitucional y la ley 701 modificados en la pasada legislatura del congreso local.

 

Los manifestantes provenientes de las cinco Casas de Justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco, Zitlaltepec, enfilaron al Congreso del Estado para exigirle a los diputados respeten sus derechos y usos y costumbres.

 

La marcha inició del parque margarita maza de Juárez, se dirigió al sur de la ciudad donde realizaron un mitin en oficinas judiciales  ubicadas sobre la lateral del boulevard Vicente Guerrero.

 

El líder de la CECOP, Marco Antonio Suastegui, informo que las autoridades están criminalizando a la policía comunitaria, y que prueba de ello varios líderes ya cuentan con órdenes de aprehensión y están solicitando la cancelación de estas órdenes de aprehensión y piden un alto a esta persecución a los luchadores sociales

 

También exigieron la presentación con vida del luchador social de tlapa Arnulfo Cerón,  desaparecido el pasado 11 de octubre, así como la libertad del policía comunitario Maximino Solís Valeriano quien se encuentra preso en el penal de Acapulco.

Cabe destacar que los comisarios de 250 comunidades que rigen su sistema de justicia mediante usos y costumbres se manifestaron en Chilpancingo para exigir al Congreso del estado que derogue la reforma constitucional aprobada en Julio del 2018 con la que desaparecieron su derecho a la libre determinación.

Los manifestantes hicieron una primera parada frente al edificio que alberga los juzgados federales uno y siete a los que exigieron respeto a sus derechos y no intromisión en sus usos y costumbres.

En un mitin realizado frente al edificio federal, relataron que el juez José Artemio Navarrete ordenó a la casa de justicia de San Luis Acatlán la liberación de un detenido procesado bajo el sistema de justicia comunitario, identificado como Teodoro Jiménez, quién asesinó a su hermano el 17 de mayo pasado; la policía comunitaria lo aprendió y lo sometió a un proceso de reeducación, pero acusan que el juez ordenó su liberación bajo un amparo.

Posteriormente los inconformes llegaron y protestaron frente al Congreso local, donde los comunitarios exigieron que los diputados derogen la reforma constitucional al artículo 14 hecha en 2018 por la pasada legislatura, en la que, según los manifestantes, se vulnera los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas, la continuidad de su propio sistema de seguridad y justicia comunitario.

Explicaron que el dictamen presentado en julio del año pasado, señala que la reforma establecería las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia y, además, regularía los procedimientos de validación de jueces y tribunales competentes.

 

Después de las cuatro de la tarde la manifestación concluyo sin incidentes.

 

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