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Rechaza Iglesia acusaciones que criminalizan acciones del obispo Salvador Rangel

* Exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender las necesidades y derechos humanos de los desplazados de la Sierra

* A través de un comunicado, solicita también atender las causas que han originado los hechos, labor que por ley les compete

Olivia Ortíz

A través de un comunicado, la Iglesia diocesana expresó: Estamos llamados a contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos y procesos de reconciliación mediante procesos educativos y desde los valores del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, consciente del respeto a la dignidad humana y sus derechos.

En relación a las recientes declaraciones hechas por autoridades estatales, criminalizando la acción pastoral que el obispo Monseñor Salvador Rangel Mendoza ha estado llevando a cabo para buscar y construir la paz en el territorio que ocupa la diócesis, la oficina de prensa, como voz autorizada por la diócesis, dejó en claro los siguientes puntos.

* Creemos que la situación de violencia e inseguridad que ha prevalecido en los últimos años en nuestro estado, puede transformarse con la contribución de distintas voluntades: gobierno, asociaciones civiles, ong’s, personas de buena voluntad, sociedad en general. Y nosotros como Iglesia, podemos también colaborar, principalmente en la prevención de la violencia e inseguridad y el acompañamiento a las víctimas, en el diálogo y en la animación de una sociedad civil responsable.

* Nos causa una profunda extrañeza que autoridades de alto nivel del estado de Guerrero y de Derechos Humanos estén criminalizando las acciones que el obispo está realizando, que no buscan más que ayudar a los hermanos que han sido desplazados de sus lugares de origen en la región de la Sierra de Guerrero,

quitándoles el derecho que todos los ciudadanos tenemos, vivir en paz y gozar de casa y sustento.

* Esta Iglesia diocesana considera, en particular, que la construcción de la paz es una prioridad y debemos buscarla a través de todos los medios disponibles. Así mismo la defensa de la dignidad y los derechos humanos de la persona es un hecho que compete a todos, especialmente a las autoridades estatales y federales.

* En recientes encuestas, sale a la luz que las comisiones e instituciones de Derechos Humanos, defienden más a los que transgreden las leyes que a las víctimas de las violencias, lo que es preocupante y alarmante, al querer juzgar un hecho de acercamiento a las víctimas de esas violencias y buscar construir la paz.

* Como Iglesia particular, el presbiterio diocesano y los fieles laicos, rechazamos rotundamente todas aquellas acusaciones y tergiversaciones que criminalizan las acciones pastorales de nuestro obispo, referente a cualquier tipo de acercamiento a las víctimas de la violencia y a los diversos actores de la misma.

Ratificamos nuestra disposición para trabajar, como ahora lo estamos haciendo y como siempre nos hemos declarado, a favor de la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social en nuestro estado y especialmente para defender la dignidad de las víctimas.

Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a las subsecretarías y a la Comisión de Derechos humanos del Estado y Federal, atiendan sin demora las necesidades y derechos humanos de todas esas personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen en la región de la Sierra. Y así mismo atiendan las causas que han originado esos hechos, ya que es una labor que por ley les compete.

Finalmente, hacemos nuestro el reclamo de la sociedad en que vivimos, “tener un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad”. Pedimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, usar todos los mecanismos a su disposición para que esto sea una realidad en nuestra entidad. Se ha dicho que “no se pueden asumir posiciones contrarias a las instituciones y al marco normativo legal del Estado”,

pero nuestros pueblos y comunidades necesitan soluciones prácticas, para restablecer el Estado de Derecho y la convivencia pacífica y civilizada en nuestro estado.

Nos encomendamos a nuestra Señora de Guadalupe y a nuestros Santos Mártires San David Uribe Velasco y San Margarito Flores García, para que, cada uno en el lugar que corresponde, nos ayuden en la construcción de la paz tan necesaria para el estado de Guerrero.

 

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